Texto íntegro de la pregunta y réplica del portavoz parlamentario de IU a la vicepresidenta económica durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
PREGUNTA INICIAL
Señora vicepresidenta del Gobierno, ¿cuál es su balance de la política fiscal del Gobierno en tiempos de inquietud democrática, cuando aplican ustedes un ajuste a la propia Constitución española sin participación social y sin referéndum; en tiempos de inquietud social también en las calles de este país, cuando al calor del ajuste los ciudadanos tienen miedo por la educación, por la sanidad pública y por el Estado del bienestar?
RÉPLICA
Señora vicepresidenta, permítame que discrepe de forma radical. El Gobierno es el Gobierno del fraude fiscal y de la injusticia fiscal, porque han defraudado ustedes todas las expectativas. En este país del fraude y de la injusticia fiscal se esperaba otra cosa de ustedes, pero ustedes han defraudado esas expectativas porque han profundizado en el carácter regresivo de nuestro sistema fiscal.
Señoría, en nuestro sistema fiscal no hay progresividad; no es verdad. Nuestra Constitución dice que pague más quien más tiene y en nuestro país paga más quien menos tiene y paga menos quien más tiene. Un ejemplo: los asalariados pagan el 70 por ciento de los impuestos medios de la Unión Europea y los grandes empresarios y las grandes rentas pagan el 20 por ciento de los impuestos medios de los empresarios y grandes rentas de la Unión Europea. Eso demuestra, señoría, el carácter regresivo del sistema.
Ustedes se han dedicado durante toda la legislatura a rebajar impuestos. Decían ustedes mismos que rebajar impuestos era de izquierdas y han rebajado impuestos. Hemos dejado de ingresar anualmente por sus rebajas impositivas y por sus regalos también fiscales unos 12.000 millones de euros anuales. Señora vicepresidenta del Gobierno, ¿sabe lo que es eso? En primer lugar, esas rebajas de impuestos son un estímulo a la especulación en periodos de crecimiento, es decir, ustedes han estimulado la especulación en periodos de crecimiento. En segundo lugar, esas rebajas de impuestos son también un refuerzo del ajuste en periodo de crisis, que es lo que nos está pasando. Si tuviéramos esos impuestos hoy en la Hacienda Pública no hubiera sido necesaria la política de ajustes y nadie podría utilizar la política de ajustes para recortar la educación, la sanidad o los servicios sociales.
Señora vicepresidenta del Gobierno, sólo se acuerdan ustedes de la izquierda en campaña electoral; en el Gobierno gobiernan ustedes con la derecha.
PREGUNTA INICIAL
Señora vicepresidenta del Gobierno, ¿cuál es su balance de la política fiscal del Gobierno en tiempos de inquietud democrática, cuando aplican ustedes un ajuste a la propia Constitución española sin participación social y sin referéndum; en tiempos de inquietud social también en las calles de este país, cuando al calor del ajuste los ciudadanos tienen miedo por la educación, por la sanidad pública y por el Estado del bienestar?
RÉPLICA
Señora vicepresidenta, permítame que discrepe de forma radical. El Gobierno es el Gobierno del fraude fiscal y de la injusticia fiscal, porque han defraudado ustedes todas las expectativas. En este país del fraude y de la injusticia fiscal se esperaba otra cosa de ustedes, pero ustedes han defraudado esas expectativas porque han profundizado en el carácter regresivo de nuestro sistema fiscal.
Señoría, en nuestro sistema fiscal no hay progresividad; no es verdad. Nuestra Constitución dice que pague más quien más tiene y en nuestro país paga más quien menos tiene y paga menos quien más tiene. Un ejemplo: los asalariados pagan el 70 por ciento de los impuestos medios de la Unión Europea y los grandes empresarios y las grandes rentas pagan el 20 por ciento de los impuestos medios de los empresarios y grandes rentas de la Unión Europea. Eso demuestra, señoría, el carácter regresivo del sistema.
Ustedes se han dedicado durante toda la legislatura a rebajar impuestos. Decían ustedes mismos que rebajar impuestos era de izquierdas y han rebajado impuestos. Hemos dejado de ingresar anualmente por sus rebajas impositivas y por sus regalos también fiscales unos 12.000 millones de euros anuales. Señora vicepresidenta del Gobierno, ¿sabe lo que es eso? En primer lugar, esas rebajas de impuestos son un estímulo a la especulación en periodos de crecimiento, es decir, ustedes han estimulado la especulación en periodos de crecimiento. En segundo lugar, esas rebajas de impuestos son también un refuerzo del ajuste en periodo de crisis, que es lo que nos está pasando. Si tuviéramos esos impuestos hoy en la Hacienda Pública no hubiera sido necesaria la política de ajustes y nadie podría utilizar la política de ajustes para recortar la educación, la sanidad o los servicios sociales.
Señora vicepresidenta del Gobierno, sólo se acuerdan ustedes de la izquierda en campaña electoral; en el Gobierno gobiernan ustedes con la derecha.
11 comentarios:
El Estado social tiene preferencia frente al Estado de las autonomías. Sin embargo, la Generalitat reduce el salario del personal sanitario público y recorta la financiación a la sanidad concertada. Es inadmisible. Antes hay que liquidar el Senado, las autonomías sin fundamento (Cantabria, Murcia,La Rioja,...) y limitar el sobredimensionamiento de las autonomías culturales y de las entidades locales hipertrofiadas.¡Si la Generalitat no financia la sanidad, la sanidad para el Estado!.
Si el presupuesto de la Generalitat(y demás CCAA) es en un 70% gasto social ( aproximadamente ), éste ha de ser intocable y la reducción del gasto ha de venir de drásticos recortes en el 30% restante. No se trata de despidos masivos de empleados públicos; al contrario, no hay que despedir a nadie; pero si de – en el marco de una congelación de la plantilla a largo plazo– establecer excedencias forzosas y reordenación de efectivos entre todas las Administraciones Públicas del personal no adscrito al gasto social ( ya sabemos que la excedencia forzosa implica una drástica reducción del gasto en personal ). La situación excepcional que atravesamos requiere medidas de envergadura; pero, si se opta por la vía del recorte social, la catástrofe social estará asegurada.
La decisión sobre el futuro de la sección catalana del Sistema Nacional de Salud está en manos, en última instancia, del Gobierno de la Nación, pues no en vano, en la Exposición de Motivos de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se establece que, para preservar el principio constitucional de unidad del sistema sanitario, junto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se sitúa la Alta Inspección, a la que se atribuye el seguimiento de los acuerdos de aquél, entre otras funciones reguladas en el art. 76 y siguientes de la mencionada Ley 16/2003.Y todo ello al amparo de lo establecido en el art. 15 de la LOFCA, que obliga al Estado a garantizar, en todo el territorio español,el nivel mínimo-medio de prestación del servicio público de sanidad.
Esta realidad jurídico-política es prácticamente desconocida por la ciudadanía y por los profesionales de la sanidad catalana, de tal forma que la Generalitat hace y deshace a su antojo ante la perplejidad de los empleados sanitarios y la pasividad/permisividad de partidos políticos y sindicatos.
La línea correcta de actuación frente a los recortes de CiU-PP consiste en exigir la intervención del Ministerio de Sanidad en los términos del art. 76 de la Ley 16/2003 y, en caso de desobediencia por parte de la Generalitat, la intervención del Gobierno de la Nación en los términos previstos en el art. 155 de la Constitución.
Sólo así, es decir, sólo desde el momento en que la ciudadanía utilice todos los mecanismos que el actual ordenamiento jurídico-político español permite es cuando la Generalitat empezará a replantarse su reaccionaria política en materia sanitaria.
En definitiva, las protestas contra la política sanitaria de la Generalitat deberían realizarse ante las Delegaciones del Gobierno de España, pero no contra el Gobierno, sino para reclamar la intervención de la Alta Inspección del Estado del Sistema Nacional de Salud ante los recortes de la Generalitat.
Cuando, en el sistema capitalista, la crisis se debe a una demanda del sector privado inferior a la capacidad productiva de la economía, el modelo keynesiano nos invita a una polítia fiscal expansiva para incrementar el nivel de demanda agregada y de renta de la economía: aumento del gasto público en bienes, servicios y transferencias sociales, y reduccción generalizada de impuestos. Como contrapartida, se incurriría en un elevación de la deuda pública y el déficit presupuestario. Ciertamente, los Presupuestos Generales del Estado y del resto de Administraciones Públicas tienen un límite, la Deuda Pública también. Precisamente por ello, este modelo no produce milagros si no es acompañado con reformas esrtructurales cuando nos hallamos ante una crisis que no sea meramente la fase bajista del ciclo económico. Y parece ser que, en la actual crisis española, tienen mucho peso los elementos estructurales añadidos a los ya de por sí cíclicos.
Pues bien; además de las medidas típicas del modelo keynesiano, a mí se me han ocurrido las siguientes que calificaría de progresistas heterodoxas:
1.- Jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial.- Con esta medida aumentaría la ocupación – y, por tanto, la demanda -, siempre que el aumento del coste del factor trabajo se vea compensado con una reducción temporal del impuesto de sociedades y de las cotizaciones empresariales a la SS. El déficit presupuestario que ello produciría se corregiría por un lado con un aumento de los ingresos por IRPF y SS debido a las nuevas contrataciones y el IVA y demás impuestos indirectos del consumo, y por otro acudiendo al fondo de reserva de las pensiones – tal fondo sólo es eficaz en una economía que funcione.
2.- Que el sector de la construcción residencial regrese a dimensiones normales y funcione de manera no especulativa para que, aparte de ofrecer un bien esencial a la sociedad, constituya un motor sano del desarrollo económico. Por ello, planteo que el llamado Estado social abarque también y masivamente la promoción pública de vivienda de calidad en los mismos términos, por ejemplo, que funciona el sistema sanitario público, pero con importantes matizaciones:
- la promoción será pública, pero la ejecución será privada
- el acceso a los servicios públicos de vivienda no será a título gratuito, sino a través de fórmulas de compra, alquiler o alquiler con opción a compra
Evidentemente, los precios asequibles sólo se conseguirían con una política del suelo ajena a los intereses especulativos privados, tanto de los grandes como de los pequeños promotores inmobiliarios.
3.- Eliminar el gasto público de carácter suntuario.- No hace mucho que el mismísimo Alfonso Guerra confesó que el actual Estado de las Autononomías ha sido un error y que tan sólo hay fundamentos históricos para Cataluña y Euskadi. Estado autonómico: parlamentos, diputaciones, veguerías, consejos comarcales, delegaciones de gobierno central y autonómicos, corporaciones metropolitanas, más de 8.000 ayuntamientos........un sinfín de administraciones públicas territoriales o institucionales que muchas veces duplican funciones y, por tanto, presupuestos. Es decir, hablamos de un inmenso aparato político-burocrático, estatal y paraestatal que, además de la duplicidad señalada, no sólo no ejecuta programas públicos necesarios como el de la vivienda, sino que, además, se fundamenta en parte en la asunción de unas competencias que desvirtúan el significado del Estado social, pues se despilfarran fondos públicos en actividades que, con la coartada del providencialismo laico , lo que directamente crean y mantienen es lo que en Economía podríamos denominar castas parasitarias que constituyen un verdadero obstáculo a una eficiente asignación de los siempre limitados recursos. En suma, la austeridad del gasto público en los términos planteados aumentaría la capacidad del Estado para la inversión, las transferencias, equilibrio presupuestario, mayor maniobrabilidad en las políticas fiscales,.....
Respecto a las prestaciones farmacéuticas no dispensadas en hospitales y centros ambulatorios, el sistema actual de co-pago ha de ser transformado. En principio, debe regir el no pago inmediato individual y el consiguiente pago estatal total; después la contribución estatal en la forma de subvención pública ha de considerarse un pago en especie a integrar en la base imponible del IRPF del beneficiario de manera universal ( con las matizaciones pertinentes ).
BURBUJAS FINANCIERA,INMOBILIARIA Y BUROCRÁTICA (1)
Junto a la crisis financiera internacional, la crisis inmobiliaria, al casi paralizar el sector de la construcción de vivienda, un sector que ha sido una de las locomotoras de la economía española en los últimos años, está provocando una contracción en la actividad económica. Además, aparte del ya pretérito peso desproporcionado del sector en la economía, nos hallamos ante activos inmobiliarios sobrevalorizados que , al no poder realizarse en el mercado y al estar adscritos a créditos hipotecarios ( ligados, a su vez, a empréstitos de caràcter internacional ), provoca, aparte de las quiebras de promotores y constructores, la bancarrota de una parte del sector financiero español, en especial el representado por las cajas de ahorro, bancarrota que, a la postre, está siendo asumida por el Estado.
Las medidas que se están adoptando intentan evitar la crisis sistémica del mercado financiero y la prolongación de la recesión, pero para minimizar el “riesgo mora”l deberían ir acompañadas de decisiones políticas que consistiesen, llegado el caso, en hacer perder casi todo a los accionistas y algo a cierto tipo de acreedores. Es decir, en el supuesto de intervenciones en el sector bancario por parte del Estado, éste puede comprar carteras de hipotecas y productos similares pero a fuerte descuento y/o nacionalizar entidades financieras pagando a sus accionistas el valor que sus acciones tendrían sin la garantía estatal implícita, es decir, casi nada. Y, previamente, se ha de decretar la desamortización inmobiliaria forzosa de entidades financieras y compañías inmobiliarias, para conseguir el imprescindible saneamiento del sistema financiero a costa de los responsables del colapso actual. Sólo así, desde la convicción de prestamistas y prestatarios de que la privatización de beneficios no se conseguirá con la garantía de la socialización de las pérdidas, es como se evitaría el denominado “riesgo moral”.
BURBUJAS FINANCIERA,INMOBILIARIA Y BUROCRÁTICA (2)
Por otro lado, elemento estructural de la Deuda Pública de España lo constituye su organización política territorial, que no por constitucional ha de ser ajena a la legítima controversia, inducida ésta, precisamente, por las dudas sobre su sujección a la norma suprema. La deuda soberana española se nutre básicamente de la necesidad políticamente establecida de mantener económicamente tres aparatos político-burocráticos. Es así que la presión fiscal que ha sido habitual en nuestro país desde 1978 no ha podido financiar de manera equilibrada las diferentes estructuras político-burocráticas: así que el Estado ha utilizado el mecanismo de la Deuda Pública para reproducir la estructura estatal y sus paralelas subestatales y, ante la situación de emergencia económica nacional actual, desde la partitocracia se insta a aumentar la presión fiscal hasta un 40% del PIB, pero no para mejoras estructurales de la economía y el denominado Estado social, sino para ( sic ) financiar ad infinitum la anómala, ineficiente, ineficaz y desgarradora organización político-territorial del Estado.
La quiebra técnica de las economías pública y privada españolas existente a fecha de septiembre de 2011 requiere, por tanto, la eliminación del Estado “tridimensional” en la dirección de una formidable reducción del gasto público de carácter político-burocrático, acompañada de una reordenación de las tareas de los empleados públicos: autonomías regionales las justas y culturales, junto a una administración local de servicios públicos tasados; y ambos niveles sometidos al control de la Intervención General de la Administración del Estado.
REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(1)
Junto a la burbuja político-burocrática, la burbuja financiera ha afectado a cada poro de la piel de toro, en un contexto europeo en el que, contrariamente a USA, no existe un Estado que amortigüe casi ipso facto los desequilibrios regionales vía caja única europea de seguridad social, vía presupuesto público europeo a nivel de gran-Estado,vía Tesoro y Banco Central auténtico y vía rápida movilidad geográfica de la fuerza de trabajo, por lo que, dada la nueva situación mundial y europea ( China, India, otros países emergentes y Europa del Este ), España ha de plantearse una deflación de sus factores productivos ( entre los que debemos incluir el capital inmobiliario urbano y rústico; en cuanto a parte del capital mobiliario, los mercados bursátiles dan cuenta a diario de un ajuste inmediato y automático ) en aras de una aproximación pragmática en la nueva división internacional del trabajo que se está implantando ( sin perjuicio de los virtuales mecanismos que la eurozona pueda poner en marcha en acompañamiento a las medidas estratégicas que se adopten en nuestro país ).
Ahora bien, la deflación señalada de los factores productivos, dentro de la disciplina del euro, puede seguir la típica senda liberal ( un recorte drástico de salarios y beneficios sociales ); la también típica vía “izquierdista” defensista ( consistente en rechazar cualquier cambio significativo hasta el momento en que la realidad del desempleo catastrófico y la insolvencia del Estado nos están obligando a acatar la típica senda liberal, pero en condiciones más duras ); o, y he aquí la novedad que se propone, construir, desde la aparente heterodoxia, una alternativa de reformas radicales que libere a los factores productivos de parte de las cargas que les impide ser competitivos sin que las medidas adoptadas impliquen pérdidas significativas y generalizadas de capacidad adquisitiva. Hablamos de una estrategia caracterizada por otorgar al presente la capacidad de actuar sin las servidumbres de un futuro siempre incierto, pero que, por constituirse en un gravamen ya contabilizado, constriñe las posibilidades del presente.
REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(2)
La imposición indirecta sobre el factor trabajo era asumible por el empresario – persona física o jurídica - en un escenario económico internacional de cierta estabilidad y seguridad; sin embargo, en el mundo globalizado, los inversores, nacionales e internacionales, ante el aumento de la probabilidad de fracasar, no son partidarios de asumir por sí solos las cargas de la inversión. En España, este sentimiento es más acusado; el empresariado español es bastante cortoplacista e históricamente poco proclive a las ataduras sociales y contractuales. Sobre esta base, es difícil imaginar una explosión del crecimiento económico, salvo que descendamos al nivel salarial de los países emergentes, escenario por cierto indeseable. Entonces, si los inversores y productores no pueden adoptar sus decisiones de invertir o no acongojados por las perspectivas de las cargas sociales (posibles y futuras fuertes indemnizaciones por despidos), es obligado, por tanto, desplazar esas cargas del lado de mundo de las decisiones empresariales, de la esfera de la producción, y externalizarlas para que de ellas se haga cargo la sociedad. Las indemnizaciones, si las hubiera, se harian a cargo del presupuesto estatal o un consorcio de seguros público ( FOGASAbis, por ejemplo ). El despido no ha de ser,como ahora, libre y oneroso,sino fundamentado exclusivamente en causas objetivas y “gratuito” para la empresa. No debe causar pavor pues el obejtivo es un nivel de ocupación cercano al pleno empleo con unas dignas y suficientes coberturas de desempleo, formación y reciclaje del factor trabajo. Ahora bien, libre la esfera de la producción de esta carga, es la nación la que se debe hacer cargo de las mismas, gravando las rentas y el patrimonio de quienes, en el consumo, en la concentración de propiedad, etc manifiestan tener mayor capacidad económica. Se puede y debe gravar más las esfera financiera, pongamos por ejemplo, y el gasto suntuario, para poder aliviar la esfera productiva. Porque, se trata, no se olvide, de desatascar el mercado laboral, no de eliminar derechos y seguridades.
REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(3)
Sin embargo, la explicación no es suficiente, sobre todo porque no hemos ofrecido todavía las pinceladas – gruesas – del sistema público de pensiones – pensiones de todo tipo, incluida la de jubilación - que proponemos.
La propuesta gubernamental de retrasar gradualmente la edad de jubilación a los 67 años es profundamente injusta por continuista. De lo que se trata es de, dado el actual nivel de civilización, otorgar a los individuos la facultad de libérrimamente jubilarse del trabajo a la edad de 60 años – obviamente, dentro de los márgenes habituales de mínimos de cotización, etc...Ahora bien, en la medida en que todavía, y por mucho tiempo, las diferencias en desgaste físico y psíquico entre las diversas actividades laborales será una realidad, se ha de establecer un mecanismo lo suficientemente justo y flexible para que ( sin poner en riesgo la viabilidad del sistema público de pensiones y, tal y como se ha subrayado, al objeto de liberar las fuerzas productivas de gravámenes que resten competitividad a escala planetaria ) los sujetos activos sean beneficiarios de un sistema público de pensiones de toda índole que incentive a que miles o millones de personas opten por jubilarse a los 70 años. He aquí el quid de la cuestión. En este baile entre los 60 o 70 años como edad escogida libremente para la jubilación se halla no sólo la estabilidad de un sistema de pensiones justo, sino, además, y sobre todo dada la bancarrota ténica actual de la sociedad española, la viabilidad de la economía que, a la postre, habrá de garantizar el sistema de pensiones presente y futuro.
REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(4)
En este orden de cosas, estas serían las propuestas relacionadas con el sistema de pensiones español (incluidas las clases pasivas del Estado) ( en la vía de su paulatina integración en el sistema ordinario de ingresos y gastos establecido en los presupuestos generales del Estado ) tomando como paradigma la pensión contributiva de jubilación para un trabajador por cuenta ajena:
- Jubilación a los 60 años de edad, con un 100% de la base reguladora tras un período de 35 años de cotización.
- La base reguladora es la base cotización establecida, para 2012, en 15000€ anuales. Esta base reguladora será única para toda persona inscrita en la seguridad social y se verá actualizada anualmente en los términos de IPC de la eurozona.
- Cualquier persona podrá establecer un convenio especial con el sistema público de pensiones al objeto de incrementar su pensión de jubilación, dentro de los márgenes establecidos actualmente para las pensiones máximas. Este convenio especial habrá de ser sufragado por el beneficiario, sin perjuicio de los beneficios fiscales en la liquidación del IRPF que virtualmemte se establezcan. Los fondos de pensiones privados no serán objeto de beneficios fiscales.
- Las cotizaciones no serán proporcionales a los salarios reales, sino que estarán caracterizadas por un 30 % a cuenta del empleador sobre 15000€ de base de cotización (siempre en términos anuales y a jornada completa).
- Cualquier cotizante de un convenio especial que quiera obtener la pensión de jubilación complementaria suscrita habrá de jubilarse a los 70 años de edad. Ello sin perjuicio de que, en el supuesto de que eligiere la jubilación a los 60 años de edad (con la pensión única anteriormente descrita), será indemnizado con un porcentaje a determinar técnicamente por el lucro cesante al no optar por el complemento del convenio especial. Tal indemnización se materializará en títulos de deuda pública a determinar.
- Transitoriamente, las pensiones actuales se mantendrán tal y como están, con la característica de que, gradualmente, se incrementarán las mínimas hasta los 15000€ anuales (en términos monetarios reales de 2012 ) y, desde ya, las superiores a los 15000€ anuales serán congeladas hasta su definitiva equiparación ( en términos reales ), vía la inevitable inflación de los años venideros, a la pensión única ya mencionada ( sin perjuicio de que los pensionistas, a su vez, puedan establecer un convenio especial para escapar de la congelación mencionada – y con los beneficios fiscales ya analizados ).
-Las cotizaciones que, a fecha de 2012, hayan sido satisfechas sobre bases de cotización superiores a los 15000€ anuales (actualizados a valores monetarios de 2012) serán consideradas, en la parte sobrante, como cantidades pertenecientes a convenio especial con la seguridad social, a los efectos ya definidos en el presente escrito.
REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(5)
Cuota empresarial del 30% de la base de cotización de 15000€ anuales; este es el planteamiento de partida, sin perjucio de las medidas temporales ya señaladas en relación a la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales ( y que reproduzco ahora ):
“Jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial.- Con esta medida aumentaría la ocupación – y, por tanto, la demanda -, siempre que el aumento del coste del factor trabajo se vea compensado con una reducción temporal del impuesto de sociedades y de las cotizaciones empresariales a la SS. El déficit presupuestario que ello produciría se corregiría por un lado con un aumento de los ingresos por IRPF y SS debido a las nuevas contrataciones y el IVA y demás impuestos indirectos del consumo, y por otro acudiendo al fondo de reserva de las pensiones – tal fondo sólo es eficaz en una economía que funcione”.
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